Fueron veinticuatro horas a puro recorte del gasto público para buscar la tan mentada reducción del déficit fiscal. Primero la ligaron las asignaciones familiares, se quitaron beneficios territoriales a habitantes de la Patagonia y provincias del norte, y además se redujo la cifra que deben percibir quienes las reciben. Por otro lado, se confirmaron los doscientos cincuenta despidos en la central de Atucha y casi su desmembramiento.
Pero eso no fue todo, el Gobierno quitó 16 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para afectarlos a gastos corrientes, con la promesa que los devolverá en 2019, y habiéndose terminado ya la posibilidad de seguir requiriendo apoyo externo y cumpliendo a rajatabla una de las exigencias del FMI.
Reducirán además las transferencias a las provincia, y plantean un ajuste a cada una de ellas, y en el caso de Santa Fe serían unos U$S 8.600 millones. Paralelamente, Macri les pedía a las provincias que bajaran sus impuestos, mientras el ministro Dietrich anunciaba incrementos en el transporte en el orden del 30% e Iguacel ratificó incrementos similares para luz y gas antes de fin de año.
Como frutilla del postre, tocaron la fórmula para deducir los hijos del impuesto a las Ganancias < que en campaña Cambiemos había prometido eliminar>, ahora sólo podrá hacerlo un solo progenitor o ambos, en el caso que decidan compartir el beneficio al 50%, es decir se redujo la deducción en un 50%.
Mientras tanto, la fuga de capitales persiste, y los 15 mil millones de dólares que ingresaron como primer desembolso, ya se fueron del país, y salieron divisas por 16,5 U$S, en lo que va del año, es decir, el préstamo está destinado a cubrir una inmensa transferencia de fondos desde sectores medios a grandes depredadores, y mientras el ajuste lo pagan los más débiles, otros, por ejemplo los bancos, grandes vencedores del primer semestre hacen su negocio espurio.
Fernando Viglierchio
(Especial para RosariNoticias)