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“Cuando un país firma un contrato, debe cumplirse, esta es la lógica del mundo. El buen camino es cumplir la palabra, cumplir los contratos. Si se quería romper el contrato hay mecanismos para desarmarlo de manera no fraudulenta y legal, sin costo económico para el país”, añadió.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York resolvió ayer que la demanda de un fondo buitre contra la Argentina por la nacionalización de la petrolera YPF se continúe tramitando en ese país y no en los tribunales locales como pretendía el Gobierno. Se trata de un juicio por unos 3.000 millones de dólares iniciado por el fondo buitre Burford Capital, que compró los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi. La intención del Gobierno argentino era trasladar el litigio a los tribunales locales, con el objetivo de reducir la posibilidad de que haya una sentencia definitiva contraria para la Argentina.
“Esto es algo que, más allá de cómo se termine definiendo porque siempre hay instancias judiciales a las cuales apelar, es evidente que la decisión que tomó en su momento el gobierno de Cristina Kirchner fue una irresponsabilidad”, indicó Alonso.
“Es importante hablar de herencia porque nos hace repensar sobre el pasado reciente y no volver a repetir errores que a los argentinos nos cuestan caro”, agregó.
