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Rodolfo Tailhade, diputado nacional por el FpV-PJ, se dirigió a los tribunales de Comodoro Py y solicitó al juez Ariel Lijo que se reabra la causa por tráfico de datos de la Anses al tiempo que le pidió al juez Sebastián Casanello que investigue si el escándalo por el presunto lavado de dinero efectuado a través de "aportantes truchos" en la última campaña electoral de la coalición oficialista tiene como origen el traspaso de esos datos a la Jefatura de Gabinete nacional.
El legislador kirchnerista basó sus pedidos en la investigación periodística realizada por el periodista Juan Amorín por la que ya se han revelado más de 800 casos de falsos aportantes en las campañas de 2017 del ahora senador Esteban Bullrich así como de la actual diputada Graciela Ocaña. Según la citada investigación, la coalición gobernante habría lavado dinero en dichas elecciones usando los datos de titulares de planes Ellas Hacen y Argentina Trabaja.
Lo cierto es que esa información se encuentra en la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social. "Existen elementos suficientes para presumir que la base de datos de la Anses, oportunamente cedida al ámbito del Jefe de Gabinete de la Nación, fue utilizada fraudulentamente con el objeto de obtener información detallada y actualizada de ciudadanos argentinos, convirtiéndolos posteriormente en aportantes de campaña", sostuvo el diputado por la provincia de Buenos Aires.
Entre los funcionarios denunciados se encuentran Marcos Peña así como el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. A ellos se suman el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco; y el subdirector ejecutivo de la Anses, Federico Braun.
En el pedido realizado a Casanello, Tailhade subrayó en la importancia de que se investigue "si efectivamente la información utilizada para obtener falsos aportantes tuvo su origen en la base de datos de la Anses, y se indague respecto de la participación criminal" de los citados funcionarios.
Cabe recordar que fue en julio de 2016 cuando Rodolfo Tailhade se había encargado de denunciar penalmente el traspaso de la base de datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social a la órbita comandada por Marcos Peña. Según el legislador, esa decisión "encubría fines ilícitos".
