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Oficialistas y opositores llegaron al debate con posturas muy diferentes acerca de la ley que podría permitirle al Estado recuperar bienes y fondos generados a través de actos de corrupción o narcotráfico. Por esto motivo, el PJ y Cambiemos buscarán consensuar un proyecto “superador”.
El Bloque Justicialista, que conduce Miguel Ángel Pichetto, intentó firmar el dictamen de su proyecto que busca reemplazar la iniciativa aprobada en 2016. Su espacio cuestiona que el proceso de extinción de dominio quede en manos de la Justicia civil y le permita a los fiscales pedir el decomiso de los bienes antes de que exista una condena. “Hay una ardua tarea de las redes y de mucho trolls tratando de distorsionar.
El proyecto de Diputados estuvo motivado por el caso José López pero no garantiza el derecho a la propiedad. Hay que darle a esta norma un cierto procedimiento y garantías de carácter constitucional”, aseguró en el inicio de su exposición Pichetto.
Su proyecto apunta a que la investigación se desarrolle mediante una acción civil dentro del proceso penal y que se requiera una sentencia de culpabilidad para poder acceder a los activos. “Si los bienes del acusado fueron adquiridos previo a su paso por la función pública, no deben ser tenidos en cuenta para la figura de la extinción de dominio”, agregó.
En cambio, el oficialismo buscó imponer su proyecto, formulado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, que establece la apertura de una investigación autónoma en el fuero civil a pedido del Ministerio Público Fiscal.
Además, promueve que si el acusado no puede justificar el origen de su dinero, el juez podrá pasárselos al Estado para que defina el modo de utilizarlos. En junio se reveló que 46 autos correspondientes a la causa de direccionamiento de la obra pública en favor de Lázaro Báez, entre los que se encuentra una camioneta de Cristina Kirchner, nunca llegaron al Estado tal como había ordenado el juez Julián Ercolini.
La demora se debe a una acordada de la Corte Suprema de Justicia que estableció el uso provisorio de los activos. De esta forma, la Agencia de Bienes del Estado nunca dispuso de los mismos. En otras palabras, el proyecto de Cambiemos quiere una rápida acción del fuero civil, mientras que el PJ propone esperar una sentencia del magistrado.
Incluso, este último proyecto establece que “si la sentencia firme dictada en el proceso declarase la inexistencia de los hechos materiales a los que fueron vinculados los bienes… el perjudicado por la extinción de dominio tendrá derecha a reclamar la indemnización que corresponda en sede civil”.
Se espera que el proyecto que envió Diputados sea modificado y regrese a la Cámara Baja, donde deberá aprobarse nuevamente. El nuevo intento por aprobar el proyecto se instaló en las redes sociales, e incluso se inició una campaña de recolección de firmas en la plataforma de Change.org, que ya alcanzó el apoyo de 200 mil personas.
