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“Hoy el 50% de los que prestan el servicio de vigilancia no está dentro de la ley, cuando históricamente ese número variaba entre el 20% y el 30%”, manifestó Jorge Alberto Paleari, referente de la Cámara Santafesina de Seguridad Privada (Casasep).
Destacó que esta forma de contratación permite un importante ahorro de costos, pero a costa de asumir grandes riesgos. “Las empresas legales de seguridad deben obligatoriamente reinscribir a sus empleados cada dos años, tener su prontuario limpio, sacar certificaciones de salud y de residencia, entre otras cosas”, enumeró.
Todos estos requisitos son exigidos para garantizar que quien ejerce de custodia esté calificado legal y aptitudinalmente para el puesto, algo imposible de verificar con las agencias que trabajan en negro y que por ello, además, no ofrecen ningún tipo de garantía o seguro de responsabilidad civil. “Cumplir a rajatabla con ello implica para las empresas un costo de $9.000 por agente, algo que se ahorran los incumplidores que por eso ofrecen servicios más económicos”, se quejó.
