Según el director del Servicio Penitenciario, Juan Manuel Martínez Silva, “se trabajó muchísimo para lograr este resultado” y “defender los intereses de la provincia”. Además, destacó que “es un tema muy delicado que tuvo que transitar todas las instancias judiciales para llegar a la Corte”. Santa Fe “se opuso desde un primer momento al pago de los sueldos a las personas privadas de la libertad”, agregó.
Por último, señaló que su argumento se basa en “una instancia de formación, de enseñanza de un oficio, de una persona privada de la libertad, a los fines de su reinserción social”. La iniciativa había sido presentada mediante un habeas corpus por Ganon y, según Martínez Silva, “planteaba la inconstitucionalidad de la ley 11.671”.