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"A lo largo de muchos años hemos visto como en el ámbito de la salud se suelen dar tensiones entre lo normativo y la libertad de conciencia.
El derecho a la objeción de conciencia ha sido utilizado para obstaculizar el derecho de muchas mujeres a la salud sexual y reproductiva y sigue siendo hoy una herramienta que muchos y muchas profesionales utilizan para impedir el acceso a las ILE en algunos efectores públicos de salud de nuestra provincia.
Sancionar una ley que establezca un marco claro y específico para regularla, es fundamental para que el sistema de salud de la provincia cuente con los mecanismos necesarios, que brinden pautas claras a fin de evitar que siga siendo usada de forma arbitraria y abusiva", explicó Augsburger.
El proyecto reconoce y garantiza el derecho a la objeción de conciencia para los y las profesionales en el ámbito de la salud, a la vez que contempla los límites y las responsabilidades que conlleva el mismo (tanto para el/la profesional objetor/a como para los efectores de salud).
Además, delimita un conjunto de normas sobre las cuales se puede invocar la objeción de conciencia, impide a los/as profesionales objetores -para quienes sus convicciones se encuentran en conflicto con la normativa vigente ocupar cargos que afecten el acceso a los derechos mencionados y exige un mecanismo de denuncia, proceso administrativo y sanción ante los eventuales incumplimientos de la disposiciones propuestas.
La iniciativa ingresada va en consonancia con el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través del emblemático Fallo F.A.L. (13/03/2012) cuando exhorta a las autoridades nacionales y provinciales a "articular mecanismos que permitan resolver, sin dilaciones y sin consecuencias para la salud de la solicitante, los eventuales desacuerdos que pudieran existir entre el profesional interviniente y la paciente, respecto de la practica médica requerida.
Por otra parte, deberá disponerse un adecuado sistema que permita al personal sanitario ejercer su derecho a la objeción de conciencia sin que ello se traduzca en derivaciones o demoras que comprometan la atención de la requirente del servicio.
A tales efectos, deberá exigirse que la objeción sea manifestada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de sus actividades en el establecimiento de salud correspondiente, de forma tal de que toda institución que atienda las situaciones aquí examinadas cuente con recursos humanos suficientes para garantizar, en forma permanente, el ejercicio de los derechos...".
"Es un proyecto basado en la riqueza del debate que se dio en estos meses en el Congreso Nacional al tratarse la legalización del aborto y también en la experiencia de la regulación de conciencia del ministerio de salud provincial. No queremos que siga habiendo profesionales que utilizan la objeción a discreción y obstaculizando los derechos de las mujeres. Hasta que logremos la ley de aborto legal, seguro y gratuito, creemos que leyes como esta que estamos impulsando pueden servir para mejorar el acceso a derechos", finalizó la legisladora. El proyecto fue acompañado también por la diputada Mercedes Meier y el diputado Carlos Del Frade, con quienes integran el interbloque Igualdad.
