A pedido del presidente Nicolás Maduro, la oficialista Asamblea Constituyente derogó la ley que castigaba con multas y penas de hasta 15 años de cárcel a quienes realizaran operaciones al margen de un rígido control cambiario.
"Los actores económicos quedan facultados para dirigirse a las casas de cambio que serán autorizadas por el Ejecutivo y hacer cualquier operación de manera legal y segura", señaló el vicepresidente de economía, Tareck El Aissami.
Según el decreto, el gobierno socialista, enfrentado a cuatro años de recesión, busca otorgar "las más amplias garantías" para integrarse al "modelo de desarrollo socioeconómico y productivo del país".