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La adenda al Consenso Fiscal, que cuenta con cinco páginas y ocho cláusulas, ya está en manos de los mandatarios provinciales. En la Casa Rosada confían que la mayoría firmará el documento, y tras lo cual, deberán enviarlo a los parlamentos locales para su aprobación.
En términos generales, el acuerdo que buscan firmar en los próximos días con cada gobernador se puede dividir en dos tópicos: subsidios e impuestos. Será un mecanismo de ajuste y compensación para las cuentas de las provincias.
Funcionará así: por un lado, los gobernadores sumarán algunos gastos a sus presupuestos. Los subsidios a la tarifa social energética y al transporte público deberán ser afrontados por cada distrito.
Y luego, a través de algunos cambios tributarios, podrán compensar (en parte) ese gasto extra.
Para el caso de la luz, la adenda al pacto fiscal invita a que las provincias y la Ciudad participen “en la definición de la tarifa eléctrica diferencial en función de las condiciones socioeconómicas de los usuarios”. Por lo que se deja entrever que podría haber cambios en los supuestos por los cuales se otorga la tarifa social.
En el caso particular de Buenos Aires y la CABA, los gobiernos de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta deberán hacerse cargo de los gastos en subsidios a la distribución de energía eléctrica, tal como sucede con el resto de las provincias. Ambos dirigentes, además, asumirán la tarifa social del servicio de agua y desagües cloacales.
La segunda parte incluye distintas modificaciones impositivas. Una de las más importantes será la eliminación de las exenciones del pago del Impuesto a las Ganancias a las cooperativas y mutuales, algo que ya había intentado realizar el Gobierno el año pasado en la ley de reforma tributaria, pero que finalmente fue suspendido. Desde enero ese tipo de sociedades estarían entonces obligadas al pago de Ganancias.
Pero otro sector que empezará a tributar será el de los empleados públicos y funcionarios en algunas regiones. Según expertos en impuestos, en los últimos años fue muy común que las provincias eximían distintas partes del salario del pago de Ganancias.
Cerca del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quien llevó adelante junto a Nicolás Dujovne la negociación con los gobernadores, dijeron que esta medida se tomó por una cuestión de “equidad impositiva”, ya que había “vericuetos” por los cuales algunos empleados públicos no tributaban en forma completa.
Por otro lado, tal como se vino conversando en los últimos días entre la Nación y los gobernadores, se habilitará una suba en la alícuota del impuesto a los Bienes Personales que, al ser coparticipable, redundará en mayores ingresos a las provincias.
Por último, se suspenderá el cronograma de baja del impuesto a los Sellos, uno de los principales tributos que recaudan las arcas provinciales.
El grupo de gobernadores peronistas más dialoguistas están conformes con los resultados de la negociación, aunque admiten que “la discusión se tendrá que dar en el Congreso”. El aval que dieron las provincias el martes pasado a Mauricio Macri fue acompañar la decisión de tener un presupuesto sin déficit, pero el debate de la letra chica tendrá lugar en el parlamento.
