Según señaló Irizar, impulsora de las modificaciones, “es necesario ampliar la emergencia a los sectores que están más desprotegidos” luego de la devaluación y las últimas medidas anunciadas por el gobierno central.
La declaración de emergencia será por dos años y se argumenta en la necesidad de “morigerar el impacto de la situación económica nacional en los sectores sociales más excluidos y de velar por las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes”.
De acuerdo a la misma iniciativa se encomienda al Departamento Ejecutivo a que genere espacios y dispositivos de articulación con los gobiernos nacional y provincial en materia alimentaria, económica y sanitaria.
En otro artículo se plantea gestionar con la Nación el refuerzo de partidas alimentarias en comedores y merenderos para atender las demandas de la población local; y pedir a la provincia el aumento al monto asignado para la Tarjeta Única de Ciudadanía, y su actualización automática.
Entre otras propuestas, se incluye fortalecer el trabajo junto a las organizaciones de la sociedad civil y solicitar a las autoridades locales el envío de un informe sobre las gestiones realizadas.