Además, el juez señaló que la propia Cristina y ex funcionarios del kirchnerismo recibían dinero ilegal por parte de “empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”.
Por su parte, el fiscal Carlos Stornelli destacó que los procedimientos delictivos comenzaron en 2003 y duraron hasta 2015. Asimismo, indicó que el sector energético, la obra pública civil y el transporte eran las tres áreas en las que el gobierno K recaudaba; llegaron a esos tres nuevos expedientes a partir del aporte de los imputados colaboradores.
La senadora nacional se negó a declarar en todas las oportunidades en las que se la citó, presentó escritos donde desmiente lo afirmado por la Justicia, y atribuye la secuela de las fotocopias de los cuadernos a una persecución política con el fin de proscribirla para las elecciones presidenciales del año próximo.