Los fiscales Stornelli y Carlos Rívolo apelaron el fallo del juez Claudio Bonadio de la semana pasada quien procesó a la expresidenta como “jefa” de una asociación ilícita y dispuso misma medida sobre empresarios investigados aunque sin ordenar la detención de varios de ellos.
Ahora, la apelación del Ministerio Público Fiscal y las defensas ya comienza a ser evaluada por la sala I de la Cámara Federal.
Los fiscales pidieron que la ex presidenta sea alcanzada por 913 hechos de dádivas pues reclaman ellos que ese sea la calificación del delito y no de cohecho: reclaman que se la acuse por aquellos que anotó en sus cuadernos el chofer Oscar Centeno así como de otros que surgen de las declaraciones de los arrepentidos.
Asimismo, reclamaron que al igual que la acusación sobre el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y su entonces segundo Roberto Baratta, tanto los empresarios Carlos Wagner y Gerardo Ferreyra como el financista Ernesto Clarens y el ex secretario de obras públicas José López sean considerados “organizadores” de la asociación ilícita investigada.
