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Se trata de una transferencia de 10 mil millones de pesos desde los bolsillos de los ciudadanos a los consorcios energéticos. Las entidades sostienen que, además de recargar el precio de un servicio que está al borde de ser impagable, los ciudadanos no tienen por qué hacerse cargo de los supuestos desequilibrios en la rentabilidad de las firmas que son consecuencia de las políticas del gobierno nacional.
La presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati, calificó la situación como “desesperante para todos los ciudadanos”. La dirigente enfatizó que hay consenso entre todas las entidades respecto de rechazar ante la Justicia la resolución de la ahora Secretaría de Energía publicada este viernes en el Boletín Oficial.
