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Al comenzar el escrito, formulado para exponer la investigación llevada adelante, los miembros de la asociación explicaron que tal órgano estatal cuenta con un plantel de 5.000 profesionales, pero que, aun así, contrata abogados externos. Según expusieron, durante el pasado mes de abril, se celebraron 104 contratos de ese tipo.
Al analizarlos pudieron establecer que el Gobierno estaría contratando abogados que no necesita, ya que “la administración pública cuenta con personal que realiza o podría realizar las mismas tareas”.
Por otro lado, establecieron que se trata de contrataciones directas, “que vulnera los principios de transparencia”, no se ofrecen los detalles suficientes para garantizar su legitimidad, no se brindó el monto por el cual se los contrató ni se expuso información sobre la tarea que deberían realizar.
Bajo La Lupa señaló que desde el Ejecutivo no se justificaron las contrataciones, ni se entregó la información suficiente, por lo que fue difícil identificarlos. Por último, aseguraron que “la carencia de la documentación en la Procuraduría del Tesoro imposibilitó advertir conflictos de interés que pudieran perjudicar los intereses del Estado”.
En conclusión, la falta de información entregada sobre las contrataciones externas no permite establecer la transparencia y calidad de tales acciones, por lo que no se podría establecer si se incurrió o no en un delito.
Según explicó la asociación, este análisis fue llevado adelante con el objetivo de “promover una cultura de transparencia y participación ciudadana, para reconstruir la confianza social en las instituciones públicas y privadas, como también incentivar la transparencia, el control público y social y la rendición de cuentas como atributos de la gestión”.
