El rechazo a la denominada ley de alquileres implica la reforma parcial del Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia el 1° de agosto de 2015. Entre los aspectos que le cuestionan al proyecto de ley de alquileres mencionaron la obligatoriedad de la ley, los ajustes, honorarios, plazo y garantías.
“Se está tratando de subsanar con una ley un problema que existe sólo en Buenos Aires y no en el resto del país”, advirtieron en un comunicado. Para los corredores inmobiliarios, este proyecto de ley avanza sobre el derecho a la propiedad privada y propende que sean los particulares quienes den soluciones a los problemas habitacionales y sociales, cuando es el Estado quien debe ofrecer estas soluciones.