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Por un lado, confirmó la condena dictada por el Tribunal Oral Federal de Jujuy por el delito de daño agravado y, por el otro, revocó la decisión de ese tribunal en cuanto había declarado extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de amenazas, y remitió la causa al tribunal de origen para que se dicte una nueva sentencia sobre ese punto.
La causa se inició por una denuncia de Gerardo Morales con relación a los incidentes ocurridos en el Consejo de Profesionales en Ciencias Económicas jujeño en 2009, cuando era senador nacional.
El rechazo del planteo de Sala fue refrendado por los ministros Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti. Desestimaron la queja "por considerar que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal".
