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La decisión fue de la Sala IV, integrada por el juez Gustavo Hornos de manera unipersonal, quien expresó que la decisión recurrida no podía ser revisada en esta instancia por no constituir una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos, ni se verificaba la violación de la garantía de imparcialidad del juzgador.
La causa que investiga a Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero, a través de maniobras realizadas en la financiera SGI. “La recurrente no ha logrado demostrar fundadamente de qué modo se ve afectada la objetividad de los jueces integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal” así como tampoco “comprueba un concreto agravio de imposible o tardía reparación ulterior relacionado con la actuación de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens en estas actuaciones”, añadió la resolución dada a conocer esta tarde.
Sostuvo, además, que la presentación de la defensa de la ex presidenta “se ha limitado a alegar sin lograr comprobar siquiera una mera sospecha de falta de imparcialidad que alcanzaría a los magistrados”.
El pedido de apartamiento se fundó en el contenido de la resolución dictada el 31 de agosto, en la que los magistrados Irurzun y Llorens ordenaron la convocatoria a la ex presidenta a prestar declaración indagatoria, por la causa “La Rosadita”.
