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Más allá del resultado satisfactorio que tuvo el operativo de búsqueda de los restos del ARA San Juan por parte de la empresa americana contratada por la Armada Argentina, las aguas en torno a la tragedia de la nave militar argentina, lejos de aquietarse, se presentan cada vez más turbulentas.
En lo que muchos observadores califican como una arremetida personal contra el actual titular de la cartera de Defensa, según anticiparon allegados a la Comisión Bicameral, el ministro será requerido para responder cuestiones relacionadas con la presunta demora en contratar una expedición de búsqueda para dar con el submarino, las conclusiones a las que arribó la junta de submarinistas que investigaron las posibles causas de la tragedia, las medidas que se adoptaron para resguardar los restos náufragos de la nave, las posibilidades técnicas y económicas de traer el San Juan a la superficie y el reciente procesamiento de cuatro militares dispuesto por el juez federal Marcelo Martínez de Georgi.
Luego del hallazgo de la nave, el grueso de las familias radicadas temporalmente en Mar del Plata regresaron a sus hogares. Solo un reducido grupo de allegados permanecen en la ciudad balnearia realizando trámites relacionados con el fallecimiento de sus seres queridos. Esto dará como resultado una baja presencia de los mismos en el recinto.
Desde Defensa, todo está preparado para dar respuestas a cada uno de los planteos de los diferentes legisladores.
"Todo se hizo respetando la normativa vigente en materia de contrataciones, los servicios requeridos a empresas del exterior, solicitaban la ubicación e identificación de los restos de un naufragio, no de la búsqueda de vida, de allí que hubo que cumplir todos los pasos administrativos necesarios", remarcan.
Cuando se le requirió al Ministerio de Defensa explicación sobre el procesamiento de cuatro funcionarios militares de la cartera, en relación con presuntas irregularidades cometidas durante el primer intento de contratación de las tareas que luego recayeron en "Ocean Infinity", indicaron: "En primer lugar corresponde aclarar que no son funcionarios públicos. Al menos no lo son en el sentido que tradicionalmente se les da a estas palabras.
Los integrantes de la Comisión Evaluadora de las distintas ofertas presentadas en el mes de abril de 2018 (fueron 9 en total) son militares en actividad que las distintas fuerzas armadas destinan transitoriamente al ministerio. No son parte de la gestión y están más cerca de ser empleados públicos que funcionarios".
