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Los prefectos habían sido señalados por la defensa de la familia Nahuel, que es parte de la querella en el caso, como responsables por la muerte dudosa del muchacho.
El juez que entendía en el caso, Gustavo Villanueva, había ordenado en 2017 el secuestro de armas y vestimenta, y también hisopados y muestreos de cintas de carbono para determinar presencia de pólvora en las manos.
"Pido que me acompañen para tener algo claro porque ni sé de qué manera me lo mataron. No voy a estar tranquila con lo que pasó, todavía no puedo creer que se nos fue de esta manera", expresó en 2017 Graciela, la madre de Rafael.
