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El abogado Juan Alcaraz explicó que en la resolución se fijó audiencia para el 12 de febrero y para esa fecha se espera que la compañía presente libros de bancos y cuentas para revisar las actualizaciones entre 2008 y 2018.
“Específicamente se pide un informe sobre cuáles fueron los aumentos”, aclaró el letrado respecto del estado del reclamo que requerirá la intervención de un perito de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la desproporción que atribuyen a las subas de la prestadora, añadió: “Siempre planteamos que no hubo ningún tipo de inversión”.
El dirigente de la multisectorial planteó que la facturación de la EPE y de otras empresas de servicios públicos se “incrementó por arriba de los índices de inflación”. En cuanto a los antecedentes, explicó que el expediente en cuestión se refiere a un juicio por consignación para frenar el corte del suministro en un bar de Pichincha y que este mes revisarán los estados contables de la firma como parte del litigio.
