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El decreto presidencial, firmado el martes, fue “un abuso de poder regulatorio” y “contravino el espíritu” de un estatuto de desarme de 2003 que prohíbe portar armas en público, según una copia de los documentos de la corte proporcionados a periodistas.
Entre tanto, documentos que circulaban en el Congreso el viernes acusan a Bolsonaro de “ir más allá” de sus atribuciones presidenciales y califican el decreto de “ilegal”, tras otorgar a varias categorías ocupacionales, entre ellas políticos, periodistas y camioneros, el derecho a portar armas, informó este sábado el diario O Globo.
Bolsonaro, un ex capitán del ejército, defiende que el decreto se apega al resultado de un referéndum de 2005 en el que cerca del 64% de los brasileños rechazó una ley que implicaba, entre otras cosas, una prohibición total de la venta de armas. Pero especialistas aseguran que flexibilizar los controles aumentará la violencia armada en un país que ya ostenta uno de los mayores índices de homicidios del mundo.
