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Según el organismo que conduce Laura Alonso, la decisión de la Corte Suprema "no es un obstáculo" para el inicio del proceso contra la ex presidenta, acusada por el redireccionamiento de la obra pública, junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Lázaro Báez, entre otros ex funcionarios y empresarios.
Por otro lado, el ministro de Justicia, Germán Garavano, opinó sobre el pedido del máximo órgano judicial. "Es un fallo inusual, tiene un condimento político muy grande; preocupa porque puede impedir la realización de un juicio oral", señaló el funcionario
