 |
"Cada sentencia es una acto político. El derecho es lucha, y tenemos que ser partisanos y políticos. Cada sentencia nuestra es un acto político. Porque es un acto de gobierno de la polis. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales; imparciales individualmente no podemos ser", planteó Zaffaroni durante su discurso.
Y agregó: "No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos (sic), porque no hay ningún ser humano que sea así, y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando".
El encuentro, liderado por el obispo argentino Marcelo Sánchez Sorondo –de la Pontificia Academia de las Ciencias–, se centró en cómo la Justicia y los jueces pueden ayudar a reorganizar la vida social y económica en los países de América y el resto del mundo.
Posteriormente el Papa Francisco en sus primeras palabras destacó el rol de los magistrados y su labor "constante a que el derecho de las personas, sobre todo el de las más vulnerables, sean respetados y garantizados".
El Sumo Pontífice aprovechó el encuentro para manifestarles su preocupación por la intervención judicial en los escenarios políticos. "Me preocupa una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales", dijo.
El Papa advirtió sobre el uso del off the record: "Además de poner en muy serio riesgo la democracia, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales".
Finalmente, pidió que "para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas".
Este martes, los participantes firmaron un documento de compromiso y conformaron un comité permanente panamericano para la participación de la Justicia en la tutela de los denominados derechos sociales. El comité está conformado por siete miembros que estarán en su cargo durante dos años.
