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El proyecto, que el gobierno envió en marzo pasado, eleva las penas para la corrupción y los delitos violentos mientras que deja a criterio de los jueces la posibilidad de eximir de la pena a las mujeres que tomen la determinación de interrumpir su embarazo.
La iniciativa, impulsada por la Casa Rosada, será estudiada durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino.
El proyecto busca actualizar el Código -que rige desde 1921- y sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico y para los robos por parte de "motochorros", entre otros delitos.
Entre los especialistas que estarán en el Senado figuran las máximas autoridades de la Comisión para la Reforma: Mariano Borinsky, presidente; Guillermo Yacobucci, vicepresidente, y Carlos González Guerra, secretario, además de Guillermo Soares Gache, representante del Ministerio de Seguridad, y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
Las 244 páginas del proyecto enviado por el Gobierno declaran también la emergencia penitenciaria, despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
A su vez, las reformas incluyen al delito del acoso laboral, castigan la tenencia de pornografía infantil y aplican el seguimiento para hechos como el abuso sexual agravado y de violencia de género.
