La decisión judicial se obtuvo un día después de que presentaran una demanda en el marco de la ley 10.000, de intereses difusos, que involucra a un grupo de personas ante la presencia de un daño y su necesidad de reclamar protección del interés o derecho.
Un grupo de habitantes de la zona tomó la decisión de asesorarse por un estudio de abogados, quienes presentaron el escrito el jueves, sólo un día antes de dictarse la cautelar.