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La reglamentación de la ley 13.712, promulgada en febrero de 2018, se publicó el 19 de julio de este año en el Boletín Oficial y ya entró en vigor. Los locales tendrán 60 días para adecuar las instalaciones indicadas por la ley.
La norma se aplicará en entidades bancarias, financieras, mutuales de ayuda económica, empresas prestadoras de servicios públicos, compañías de telefonía móvil, medicina prepaga, servicios de televisión por cable o internet, entre otros, que cuenten con lugares habilitados para cobros, pagos o trámites de toda la provincia.
La Secretaría de Comercio Interior aplicará multas que van de los 500 a los 500 mil pesos. También se podrá decomisar las mercaderías y productos objeto del local donde se produjo la infracción.
La ley prevé "la clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta días; la suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado y la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare", indicó el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Pablo Diab.
