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La reglamentación vigente establece que los montos de las multas que reciben las prestadoras de energía eléctrica pueden ser destinados a la ejecución de inversiones adicionales, siempre y cuando el Concesionario hubiera logrado mantener una calidad de servicio superior a los índices de la calidad media de referencia.
En caso contrario, las sanciones deben ser abonadas acreditándose las sumas en las cuentas de los usuarios. Tailhade sostiene que “las concesionarias no lograron mantener una calidad del servicio superior a la calidad media de referencia, motivo por el cual la casi totalidad de las sanciones impuestas a las concesionarias deberían haber sido abonadas por éstas a los respectivos usuarios”.
En cambio, el Gobierno Nacional violó la ley y les permitió a Edenor y Edesur destinar a supuestas inversiones los aproximadamente $ 35.000 millones que, actualizados, se estima es el total que adeudaban.
En los últimos 15 años, Edenor sólo ha cumplido con los parámetros de calidad en dos semestres (uno de 2006 y otro de 2007), y Edenor sólo en el período comprendido entre marzo a agosto 2006), por lo cual los montos de las multas deberían haber sido abonados a los usuarios perjudicados por el accionar de las concesionarias, a razón de unos $ 7.000 por usuario.
Los delitos que se le imputan a los funcionarios son malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. La denuncia recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti e investigará el fiscal Franco Picardi.
