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El candidato presidencial del Frente de Todos hablaba así de los jueces de Casación Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani, del camarista federal Martín Irurzun y de los jueces federales de primera instancia Julián Ercolini y Claudio Bonadio, quienes tuvieron actuaciones en causas en las que fueron procesados funcionarios del gobierno anterior o empresarios afines a ese sector político.
El abogado denunció a Fernández por el delito de coacción y señaló que "valiéndose de su status social, político y mediático, (Fernández) hizo uso y abuso de su poder, con el propósito de amedrentar a los Magistrados federales mencionados".
El fiscal Franco Picardi dijo "más allá de los reproches o repudios que pueda haber generado, no ha tenido aptitud para incidir en la libre determinación de los Magistrados, ni para limitarlos de otro modo".
También se refirió a la libertad de expresión. "Corresponde citar el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación al resguardo de libertad de expresión que merecen, particularmente, todas aquellas manifestaciones o apreciaciones que se refieran al ejercicio de la función pública; que es lo que habría ocurrido en el caso, si se considera que Alberto Fernández se refirió en forma crítica a los fallos de determinados jueces".
El fiscal cerró su desestimación cuando dijo que "no ha habido una dirección intencional de amedrentar en las expresiones analizadas, sino valoraciones de mucha controversia, en el marco de una coyuntura política".
