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Reunido en Ginebra, el organismo de la ONU expresó su preocupación por varios puntos de la ley, como “la posibilidad de expulsión con una notificación sin la firma del afectado, la reducción a solo tres días de la petición de revisión del caso o la falta de un protocolo que garantice los derechos humanos del expulsado y su familia”, informó la agencia de noticias EFE.
En el marco del comité, el gobierno argentino especificó que la ley, que fue declarada inconstitucional por el Poder Judicial en marzo de 2018, “aún está pendiente de la decisión definitiva de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema”.
En marzo de 2018, la Justicia -a través de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal- declaró inconstitucional el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri en enero del 2017, que modificaba la ley de Migraciones y fijaba condiciones más estrictas para el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.
Otras agencias de la ONU, como el Comité de los Derechos del Niño o el Comité Contra la Tortura, también solicitaron la derogación de la reforma migratoria. También Amnistía Internacional había cuestionado la política migratoria del gobierno de Macri, al expresar su preocupación por las “medidas regresivas” adoptadas, en un informe presentado ante la ONU.
