 |
La máxima pena fue para Oriol Junqueras, el político de mayor rango juzgado, ante la ausencia del ex presidente catalán Carles Puigdemont, a quien la justicia alemana se negó a extraditar a España por considerar inadmisible el cargo de rebelión que le atribuían.
Además de vicepresidente, el líder del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), era vicepresidente económico y por tanto manejaba el dinero público que se utilizó para el proceso de secesión, al autorizar fondos para el referéndum de autodeterminación ilegal del 1 de octubre de 2017.
Los otros ocho dirigentes presos recibieron condenas de entre 9 y 12 años de prisión, mientras los tres políticos que fueron juzgados en libertad recibieron penas de 10 meses de multa, con una cuota de 200 euros, y 1 año y 8 meses de inhabilitación especial, con lo que no ingresarán a la cárcel.
En su sentencia de casi 500 páginas, el Tribunal Supremo afirma que "se da por probada la existencia de violencia", pero "no basta la constatación de indiscutibles episodios de violencia para proclamar que los hechos integran un delito de rebelión".
La Fiscalía había atribuido a los líderes secesionistas el delito de rebelión y pedía penas de hasta 25 años de prisión. La hipótesis de la rebelión, que exigía el uso de la violencia, era defendida también por la acusación popular ejercida por el partido de extrema derecha Vox y fue el argumentado del conservador Partido Popular (PP) y liberales de Ciudadanos, que defendían que lo sucedido en Cataluña era un "golpe de Estado".
Sin embargo, el Tribunal Supremo lo negó, al asegurar que para que haya rebelión la violencia tiene que ser "instrumental, funcional, preordenada de forma directa, sin pasos intermedios, a los fines que animan la acción de los rebeldes", lo que no sucedió en Cataluña.
