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"En diciembre de 2015, cuando comenzó este Gobierno, teníamos 430 mil trabajadores, es decir que perdimos 40 mil formales", señalaron las fuentes consultadas. Desde las firmas asociadas a la entidad esperan una reunión con el presidente electo Alberto Fernández.
"En este momento, casi no hay interlocutores. Estamos entre un gobierno que hace poco y ya se va, y otro que todavía no asumió. Lo que nos preocupa mucho es la millonaria deuda del Estado nacional con empresas constructoras", expresaron, aunque no pudieron precisar el monto devengado.
En este sentido, "se envían numerosas notas a diversos organismos del Estado para informar el estado de las deudas, pero va a ser muy difícil cobrar algo importante en noviembre. Las deudas son millonarias y según la dependencia del gobierno tienen mayor o menor atraso. Hay que instrumentar mecanismos para dinamizar la obra pública, bajar la carga impositiva, proteger al mercado interno de la construcción y que todos los materiales no salten abruptamente junto al dólar", se explayaron.
Desde hace meses, se observa un debilitamiento en la cadena de pagos debido a que el freno o la desaceleración de los proyectos en marcha afecta el pago a los proveedores. Otro elemento que conspira contra la recuperación del sector es el constante aumento del precio de los materiales para la construcción.
"La obra pública está paralizada", admitieron en el sector, al tiempo que señalaron que otro elemento que empezó a emerger en varias provincias es "el atraso en el pago de sueldos ûque varía según la empresa y obra- que es de al menos dos meses". "Está claro que no es porque las constructoras no quieran pagar; no se están cobrando los certificados de obras como corresponde", explicó un referente de la entidad "madre" a nivel nacional
