La provincia no se adhirió al aumento de los servicios de mayo y agosto de 2019, por lo que el último ajuste se produjo el pasado 1 de marzo. García señaló que “los servicios públicos de provisión de agua y saneamiento, y de energía eléctrica, constituyen prestaciones esenciales, tanto para su uso residencial como productivo, y sus costos, así mismo, influyen fuertemente en las economías familiares y productivas”.
“En los últimos años nuestro país se vio inmerso en un proceso caracterizado por la abrupta eliminación de subsidios nacionales a las tarifas, una fortísima depreciación de la moneda con incidencia en los costos de los insumos importados y una escalada inflacionaria de los precios locales con escasos precedentes” concluyó.