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La suspensión de la aplicación del refuerzo de la vacuna a los 11 años, incorporada al calendario en 2015, se dio a conocer en agosto de 2018 a través de un comunicado de prensa.
La jueza federal María Alejandra Biotti hizo lugar a una acción de amparo presentada por la ONG y ordenó entregar toda la información en un plazo de 10 días, pero el gobierno apeló y evitó brindar esa información.
"La política de inmunización del gobierno anterior dejó un vacío e interrogantes sobre las decisiones que tomó. Suspendieron la vacunación contra la meningitis y fue una decisión irregular y nunca nadie tuvo la posibilidad de conocer los motivos", explicó a la agencia Télam el abogado de ACIJ,Rodrigo Robles Tristán.
"La Secretaría de Gobierno de Salud nunca explicó las acciones que llevaría a cabo para reanudar la aplicación de esta vacuna, qué sucedió con los fondos destinados a la compra de esas dosis ni los detalles de su sistema de compra y distribución", aseguraron desde ACIJ.
"Hasta el día de hoy no se sabe por qué se decidió la suspensión, el gobierno saliente apeló y no respondió nunca", explicó Robles Tristán y aseveró que "el gobierno actual deberá recabar la información y arbitrar las medidas que correspondan, el Estado tiene que cumplir las sentencias".
