El ministerio de Seguridad pasó a administrar los gastos de la Policía


El gobernador Omar Perotti dispuso que el ministro Marcelo Sain tenga bajo su firma los recursos que la ley 11.579 autoriza, pero para la cartera de Gobierno. A su vez, el mismo decreto limitó los fondos de “funcionamiento” que -según su Ley Orgánica- administraba la propia fuerza, habilitaciones mediante. El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, tiene ahora bajo su órbita lo que vulgarmente se ha llamado la “Caja de los comisarios”.

Y tanto controla la ventanilla a la que ellos deben acudir, para gastos que antes iban por otro ministerio, como la administración de otros fondos para el funcionamiento de las reparticiones policiales. Los cambios están contenidos en un decreto, el N°53, que firma el gobernador Omar Perotti junto a jefe de la cartera señalada.

Todavía no fue publicado en la página web del Boletín Oficial, pero quienes acceden a su versión papel pueden estudiarlo. Allí se tocan los formalmente llamados “fondos especiales”, en la letra de la Ley N° 10.296 (y sus modificatorias Nros. 10.836 y 11.579), que sin embargo autorizan a otra cartera del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, a disponerlos.

Por otra parte, en el mismo decreto, la Casa Gris cambió también el control de los llamados “gastos reservados de la policía”, que -en rigor- en la legislación santafesina se mencionan como “gastos de funcionamiento”. En este caso, se trata de una concentración de esos recursos en el Ministerio de Seguridad por sobre la Dirección de Administración de esa fuerza.

El artículo le pone topes mensuales a los jefes de las reparticiones policiales, que suponen un control directo mayor. El decreto en cuestión tiene fecha del lunes 24 de enero y, en cuestión de días, comenzó a circular entre legisladores de la oposición (y del propio oficialismo) que cotejan sus artículos con las normas citadas en el decisorio y con la Ley Orgánica de la Policía N 7.395 (de 1975).

En general, las observaciones no cuestionan la decisión política del gobierno de concentrar facultades económicas en el Ministerio de Seguridad respecto de los uniformados, sino que se preguntan si no hubiera resultado más prolijo hacer esas modificaciones mediante leyes. Por ahora, no hay declaraciones públicas.

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