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El pasado domingo, la secretaria de Estado de Discapacidad, Sophie Cluzel, había anunciado que consultará la opinión de las instancias pertinentes sobre la legalización de esas prácticas, como ya sucede en Alemania, Países Bajos, Bélgica o Suiza.
Cluzel se mostró favorable a que «se pueda acompañar la vida íntima, afectiva y sexual» de las personas con discapacidad mediante asistentes que les permitan tener relaciones a aquellos que no pueden por sí mismos.
El Gobierno se dirigió en esta cuestión al Comité Consultivo de Ética, un organismo que en 2012 se pronunció en contra de la iniciativa por considerar que ese tipo de servicio suponía un uso «mercantil» del cuerpo humano.
