Crece la sospecha sobre un "sistema de corrupción" en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante el Gobierno de Mauricio Macri. Por el momento hubo tres denuncias de tres entidades que nuclean a productores y directores.
Son las siguientes: Documentalistas Argentinas (DOCA), la Asociación de Productores y Realizadores Independientes (APRI) y de Directores Independientes de Cine (DIC), sobre incumplimientos a la Ley de Cine y contra el ex presidente del ente público, Ralph Haiek, y el ex gerente general, Juan Francisco García Aramburu.
La investigación se basa sobre un supuesto un "sistema de corrupción", por el cual se desviaron fondos subejecutados para el fomento del cine. De acuerdo a los últimos elementos de prueba, se estima que hubo "malversación de fondos" de cerca de 800 millones de pesos, que permiten corroborar la existencia de "un sistema doloso de corrupción y propaganda".
Sobre este caso hay cuatro expedientes abiertos en los juzgados federales de Marcelo Martínez De Giorgi, Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y Sebastián Casanello. En la denuncia se especificó que "se organizó y perfeccionó un sistema doloso de corrupción” y añadieron que hubo pago de pasajes "en primera clase de los funcionarios del INCAA, sobreprecios en contrataciones y en obras innecesarias, especialmente las del cine Gaumont, en la Enerc (Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica)” y en las contrataciones para el Festival de Mar del Plata y Ventana Sur”.
En declaraciones con Télam, el presidente de DOCA, Juan Mascaró, aseguró que "hay un dinero del que tendrán que dar respuesta, que no se sabe dónde está y que tiene que ver con la subejecución de los rubros de los gastos del instituto, el que iba a la producción cinematográfica y a los gastos y presupuestos que desde las asociaciones nos negamos a aprobar porque los balances no tenían detalle interno”.
Asimismo, también expresó que "hay pruebas suficientes en contra de Haiek para que se lo llame a declaración indagatoria. Estamos seguros de que durante el desarrollo del proceso se seguirán encontrando pruebas a través del relevamiento que tiene que hacer la propia Justicia, con la que la gestión actual del Incaa prometió colaborar”. Por su parte, el nuevo presidente del INCAA, Luis Puenzo, anticipó que se hará una auditoría interna en colaboración con el proceso judicial.
