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“Con esta medida se busca optimizar el uso de los recursos. Se utiliza la tecnología para el control y se desafecta al personal policial que hoy está en esos domicilios”, explicó Mariana Pieretti como representante la Fiscalía general.
El software al que apelará el Ministerio Público de la Acusación (MPA) proveerá datos de ubicación al Organismo de Investigaciones (OI), de modo será una nueva herramienta para detectar nuevas infracciones.
Quienes ya están bajo arresto en sus domicilios firmarán un documento para dejar constancia de los alcances de un nuevo incumplimiento. Tanto salir a la calle como impedir la localización en tiempo real del dispositivo los expondrá a penas de entre seis meses y dos años de prisión.
Lo mismo ocurrirá si llegan a “borrar, desinstalar o desactivar la aplicación” o si realizan “cualquier maniobra que impida su correcto funcionamiento”, remarcaron desde el MPA.
Pieretti aclaró que la app se empleará en cada caso por orden por los fiscales que tramitan las denuncias vinculadas al aislamiento obligatorio ante la propagación del COVID-19. La instalación quedará en manos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
