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También anuló –entre otras medidas que incomodaron al Gobierno de Cambiemos– los descuentos contra los docentes y trabajadores estatales, al tiempo que suspendió el DNU de Mauricio Macri que modificó la Ley de Comunicación Audiovisual.
Aunque la decisión de la Corte no implica la restitución de Arias a su cargo como juez Contencioso Administrativo Nº 1, sí constituye un avance al respecto porque suspende la destitución, aunque mantiene la suspensión, y deja abierta la vía recursiva para que otro tribunal revoque su cuestionada separación.
Esta resolución fue tomada por el máximo tribunal provincial debido a que el jury había denegado la revisión judicial a Arias. “Interpuse el Recurso Extraordinario contra la sentencia, y si bien lo decide la Suprema Corte, es el Jurado de Enjuiciamiento el que lo admite y tramita”, explicó Arias.
La denuncia que culminó con la destitución de Arias fue impulsada por el cuestionado Procurador General de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, a quien se le atribuye haber cumplido con órdenes políticas del Ejecutivo que por entonces encabezaba María Eugenia Vidal.
“Como el organismo lo denegó, fui en queja a la Corte, que a su vez le dice al Jurado que se expida nuevamente, admitiéndolo, porque no puede haber ninguna decisión sin revisión judicial”, agregó el exmagistrado sobre la decisión de la Corte Suprema.
El Jurado de Enjuiciamiento que destituyó a Arias el 15 de agosto de 2018 estuvo integrado por Julio Pettigiani (por entonces presidente de la Suprema Corte), Jorge D’Onofrio (diputado del Frente Renovador), Walter Carusso (diputado de Cambiemos) y Roberto Costa (senador de Cambiemos); los abogados Fabián Ramón González, Diego Alejandro Molea, Osvaldo Enrique Pisani, Ambrosio Luis Bottarini y José Alberto Apaz, mientras que los legisladores Santiago Révora (Unidad Ciudadana) y Pablo Garate (Frente Renovador), votaron en sentido contrario a la destitución.
CSJ“La remoción del magistrado se produjo por considerarlo incurso en diversas faltas funcionales; sin embargo, dichos cargos no fueron más que decisiones judiciales, las cuales no pueden ser sometidas a juzgamiento disciplinario, razón por la cual diversos organismos de derechos humanos radicaron una denuncia ante la ONU, que requirió explicaciones al Estado nacional”, explicaron desde el entorno de Arias.
