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En este expediente, que impulsó el juez Luis Rodríguez, están procesados además del falso abogado, el fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone y dos ex agentes de la AFI, Claudio Álvarez y Rolando Barreiro. Todos deberán enfrentar el debate oral que estará a cargo del TOF 2.
También está imputado el periodista de Clarín Daniel Santoro, quien fue indagado el 12 de febrero pasado pero cuya situación procesal aún no fue definida por lo que su caso particular seguirá en trámite en el juzgado.
El juez federal Luis Rodríguez clausuró este jueves la etapa de instrucción respecto a D’Alessio, Bidone, Álvarez y Barreiro. Consideró que todos fueron parte de la extorsión a Traficante, que se inició en noviembre de 2016.
Aquel día, D’Alessio se reunió con Traficante en el Country Saint Thomas Este, donde ambos vivían, y le dijo que en la causa conocida como “la mafia de los contenedores” se lo estaba investigando. Y lo extorsionó: le pidió 90 mil dólares para mejorar su situación en esa pesquisa. La maniobra se extendió hasta diciembre.
El agente ilegal –cuyos vínculos con el entramado estatal durante el macrismo salieron a la luz en la causa que tramita en Dolores- le dijo que si no le entregaba el dinero podría ser objeto de un “escrache” en los medios con fotos suyas y de su familia. Entonces mencionó su relación con Santoro.
De hecho, el periodista publicó una serie de artículos en Clarín que fueron los que motivaron su citación a indagatoria.Para extorsionar a Traficante, según reconstruyó el juez, D’Alessio contó con la participación de quien era el fiscal general de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, quien le suministró “información privilegiada” al falso abogado, como el listado de llamadas entrantes y salientes del empresario.
Claudio Álvarez, que al momento de los hechos era integrante de la AFI (se lo echó de la institución el 4 de diciembre pasado, luego de que conocieran estos hechos), también jugó un rol clave, para el juez. A Álvarez se le recriminó que, en su condición de agente de la AFI, “simuló un informe de inteligencia” que fue ingresado en un legajo fiscal para poder justificar el pedido de llamadas telefónicas de Traficante.
Por su parte, a Barreiro se lo procesó por haber colaborado en la intimidación, “reforzando y dándole sustento a la presión” de D’Alessio al empresario. Se le achacó a Barreiro que, “presentándose con una condición de agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que ya no poseía a esa época, colaboró para presionar a Gabriel Traficante validando las amenazas ejercidas por D ´Alessio”.
Al fiscal y los dos agentes vinculados con la AFI se los procesó por el “delito de extorsión en grado de tentativa, en calidad de partícipes necesarios”. En toda esta acción quedó pendiente de resolución la situación del periodista de Clarín, Daniel Santoro, quien fue indagado el 12 de febrero.
El abogado que representa a Traficante, Luis Charro, pidió que se resuelva su situación procesal antes de que se clausure la etapa de instrucción, algo que el juez rechazó.
Rodríguez había citado a Santoro porque consideró que su accionar fue importante para que D’Alessio pudiera llevar adelante sus planes delictivos.
El columnista está imputado por colaborar en el intento de extorsión. En su descargo ante el magistrado, el periodista negó los cargos en su contra y dijo que fue engañado por el agente de inteligencia inorgánico.
También acercó un extenso escrito en el que pidió diversas medidas de prueba, a las que el magistrado hizo lugar en forma parcial. Por tal motivo, Rodríguez aún no resolvió su situación, que seguirá en trámite en el juzgado.
