La propuesta, que posee el amplio respaldo de asociaciones de inquilinos, extiende de dos a tres años el plazo mínimo de los contratos de locación de un inmueble y establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Además, contempla una más amplia variedad de garantías como título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución o garantía de fianza o fiador solidario.
Otro aspecto clave del proyecto es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.
El proyecto de ley de alquileres ya obtuvo media sanción en noviembre de 2019 en la Cámara de Diputados, con 192 votos a favor, 0 negativos y 24 abstenciones.
La comisión de Legislación General del Senado la integran también los oficialistas Mariano Recalde, Beatriz Mirkin, María de los Ángeles Sacnun y los legisladores de Juntos por el Cambio, Silvia Giacoppo, Pamela Versay y Ernesto Martínez, entre otros.
