La nueva ley de alquileres ya está vigente en todo el país. La lucha de asociaciones de inquilinos por dar marco legal a una temática que implica a nueve millones de personas parecía haber llegado a su fin, sin embargo, en la aplicación, sin organismos estatales interviniendo, las inmobiliarias avanzaron sobre derechos "conquistados" por el sector supuestamente beneficiado por la flamante normativa.
La orfandad absoluta en la que se encuentran los inquilinos, representados por asociaciones en la mayoría de los casos sin personería jurídica, autogestivas, sin comisiones directivas renovables, con autoridades antojadizas, que se arrogan representaciones que nunca nadie les otorgó, sentados frente a Cámaras Inmobiliarias que son exactamente lo contrario, y que cuentan con numerosos grupos de profesionales abogados y contadores a su servicio y asesoramiento, dejó en sólo un decálogo de buena voluntad los esfuerzos por acordar la parte reglamentaria de la norma.
El primer punto donde los inquilinos perdieron y eso tiene que ver con la misma ley, es que al pasar de dos a tres años el término del contrato, la comisión del 5% que corresponde pagar, se calcula por el nuevo tiempo, es decir 36 meses y no ya los 24. A priori es 33% más caro, resultando cierto que se abona sobre el costo del primer año de alquiler, ya que los otros saldrán de la nueva fórmula de actualización y son incalculables a la hora de formalizar el contrato.
Sobre este punto, la ley establecía laxamente que se debía abonar esa comisión a medias entre inquilino y propietario. No sucede. Se están firmando contratos donde la totalidad del costo está a cargo del inquilino. Por sólo citar un ejemplo, una locación de 20 mil pesos, se está abonando 36 mil pesos sólo en concepto de comisión. A ello hay que sumarle el mes de adelanto, que en la mayoría de los contratos locales no se pedía y ahora, contemplado en la nueva ley se exige, sellados y averiguación de garantías. Son necesarios unos 70 mil pesos para ingresar a un departamento de 20 mil. Más los gastos de mudanza.
En cuanto al pago de expensas, se dispone en la ley ahora que las que son extraordinarias, osea las que atañen al edificio y su mantenimiento deben ser a cargo del propietario. Rige en Rosario una ordenanza que pide a los corredores inmobiliarios emitir por separado las expensas, ante su obligatoriedad en la mayoría de los casos no se realiza, y queda supeditado a la buena voluntad de los administradores y propietarios separar las expensas y descontar aquellos gastos que no les corresponden al inquilino.
El Impuesto Inmobiliario (API) no cabían dudas que debía ser abonado en su totalidad por los propietarios, ya que se trata de un gravamen sobre la propiedad, que no implica la prestación de ningún servicio como por ejemplo la TGI (Alumbrado, barrido y limpieza). Sin embargo, también avanzaron sobre este punto y en los contratos que se firman en la ciudad, se estipula que se paga a medias entre propietario e inquilino.
Además se afirmaba que con la nueva ley el inquilino iba a tener la opción de elegir entre algunas de las propuestas de garantías que tuviera a su alcance. No sucede. Para alquilar un monoambiente de 9 mil pesos, a una mujer de Rosario le exigieron esta semana dos garantías propietarias y dos recibos de sueldo, además del suyo propio.
Sería deseable que el Estado intervenga de una buena vez. Este ya dejó de ser un convenio entre privados. Ya no rige el mercado en este tema, hay normativa, bienvenida sea, pero debe ser controlada. La aplicación antojadiza por parte del sector inmobiliario sobre contratos de alquiler no cambió con la ley. A sabiendas que nadie controla, a pesar que los nuevos contratos deben ser presentados en AFIP, que no está para eso, sino para asegurar la tributación sobre los mismos, es imprescindible que intervengan otros organismos oficiales de contralor.
La Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, dependiente del Concejo Municipal cuenta con un departamento afín, muy capacitado y podría ser una opción. El centro de Asesoramiento de Alquileres con el que cuenta la Municipalidad de Rosario. La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe o El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación a cargo de la arquitecta Bielsa. Yendo de menos a más, desde el legislativo local, el Ejecutivo, la provincia y hasta Nación.
Alguien debe hacerse cargo y no quedar en manos de representaciones interpersonales que, más allá de su buena voluntad insoslayable, terminan siendo doblegadas por mecanismos mucho más poderosos para ejercer lobby y presiones e imponer condiciones. Los inquilinos tienen ley, pero fueron lanzados a la jaula con leones, que de a poco, se van devorando sus derechos, conquistados con tanto esfuerzo y años de lucha.
Fernando Paulo Viglierchio
(Especial para RosariNoticias)
