La causa se abrió en el marco de los allanamientos a la casa de Cristina en el Calafate de agosto de 2018, en los que se buscaban pruebas por la investigación sobre los “cuadernos de las coimas”.
Al encontrar un prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen y una carta que José de San Martín le escribió desde Francia al prócer chileno Bernardo O’Higgins en 1835 (que Cristina explicó que le había sido regalada por el presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin).
Bonadio decidió acusar a la entonces senadora por encubrimiento, aunque la Cámara Federal entendió que si los documentos no habían sido robados no correspondía esa figura penal, por lo que terminó procesándola por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
También se le abrió otra causa distinta por el hallazgo de un bastón presidencial que no de ella ni del ex presidente Néstor Kirchner. Esa causa se cerró el año pasado por que la familia del ex presidente Cámpora señaló que había sido un regalo a la familia Kirchner en retribución de ser los creadores de la agrupación política que lleva el nombre del exmandatario.
Cristina fue citada por Bonadío a declarar en el marco de esta causa el 14 de febrero de 2019, una jornada en la que respondió a ocho indagatorias (por esta causa, por la investigación sobre el traslado de los diarios a El Calafate y las demás en el marco de la causa de los cuadernos).
La fiscal de la causa actual, Alejandra Mángano, fue quien promovió el cierre de la investigación por entender que, por un lado, los presuntos delitos investigados habían prescripto ya que la ley de Ética pública prescribe a los dos años de los hechos y Cristina recibió esos documentos en ejercicio de la presidencia, y por otro lado porque no estaba claro que se hubiera cometido delito alguno. Frente a este planteo, el juez Martínez De Giogi dictó el sobreseimiento de vicepresidenta.
