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Detectan desvío de fondos reservados en seguridad durante la gestión de Pullaro

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, denunció que se detectó un aumento de los gastos reservados entre 2017 y 2018 en el Ministerio de Seguridad, y que ese incremento de partidas se destinó al pago de honorarios a los abogados que defendieron a los policías acusados de la desaparición forzada de Franco Casco.

El funcionario mencionó que se le pagó con esos fondos al ex asesor de los gobiernos socialistas Lucas Peirone, de quien dijo que es “conocido en la provincia por defender a narcotraficantes”. 

Sain aseguró que en Santa Fe funcionó “un pacto entre sectores del Estado y el mundo criminal”, y que esa relación se dio “por hacer la vista gorda o por una participación directa”. 

El ministro puso énfasis en que “desde la política se facilitaba el accionar del crimen complejo”. La primera semana de agosto Sain presentó una denuncia ante la Unidad de Delitos Complejos por desvío de fondos reservados del Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Pullaro. 

Sostiene que se utilizaron para pagar honorarios de abogados que defendieron a cinco empleados policiales de Asuntos Internos que fueron investigados por encubrir la desaparición forzada y homicidio de Franco Casco. 

Uno de esos abogados, José Alcácer, fue asesor del Ministerio de Seguridad antes de asumir la defensa de tres de los acusados. 

La presentación afirma que la participación de Alcácer es incompatible y violatoria de la ley 13.230 (ley de ética en el ejercicio de la función pública). 

Por este hecho, Sain pidió que se investigue al ex secretario de Control el Ministerio, David Reniero y al ex director de Asuntos Internos Luis Sosa. 

Franco Casco fue hallado muerto el 30 de octubre de 2014. Tenía 20 años y era de Florencio Varela. Los primeros días de ese mes llegó a Rosario para visitar a sus familiares en Empalme Graneros. 

El 6 de octubre se despidió de ellos y se fue rumbo a Rosario Norte, para viajar a Retiro. Sin embargo, nunca llegó a la estación de trenes. 

La investigación determinó que lo detuvieron por averiguación de antecedentes y fue trasladado a la comisaría 7ª; no se supo nada más de él hasta que su cuerpo apareció flotando en el río. 

Además de los policías de la comisaría 7ª, fueron acusados por encubrimiento de la desaparición forzada seguida de torturas y muerte cinco efectivos de la ex Asuntos Internos de la policía provincial. 

El ministro adelantó además que está en marcha una investigación en la Justicia federal “que compromete a factores de poder”. La causa, dijo, la lleva adelante el juez Walter Rodríguez. 

Sain se preocupó especialmente por no estigmatizar a los sectores más vulnerables de la sociedad. “El narcotráfico es consumo de alta gama. Pensemos que un gramo (de cocaína) vale entre 3.500 y 4.000 pesos. Los sectores populares ponen los muertos, pero ese dinero después se invierte en la city financiera de Rosario y de las grandes ciudades”, relató. 

También mostró su satisfacción por la investigación que terminó con la detención del ex fiscal regional Patricio Serjal y advirtió que “los gerentes narco siguen operando desde las cárceles”. 

La denuncia formulada por Sain puede encontrar una caja de resonancia en la Legislatura provincial si prospera un proyecto de resolución presentado por la diputada Matilde Bruera. 

La legisladora pidió a la Cámara que cite al ministro a responder preguntas y aportar pruebas respecto al desvío de fondos en la gestión Pullaro.


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