Desde la autogestiva Defensoría del Inquilino de la ciudad saludaron la extensión del Decreto 320 hasta el 31 de enero del año próximo. El mismo habilita la posibilidad de la prórroga automática de los contratos, suspende los desalojos y congela los precios. “Era una medida imprescindible, lo veníamos planteando hace dos meses, su anuncio se demoró más de lo que hubiésemos querido, pero lo importante es que salió”, sostuvo Sebastián Artola, titular de la Defensoría del Inquilino.
“Es crítica la realidad de muchísimos inquilinos, por eso pedimos también una política de desendeudamiento, hay una actitud muy irresponsable del mercado inmobiliario, aumentando de manera indiscriminada los precios de los alquileres, violando lo que dice la nueva ley, hostigando a los inquilinos y sus garantes, bajo amenaza de desalojo”, describió Artola.
“En este contexto de emergencia no podemos permitir que haya quienes especulen con la angustia y necesidades de la gente”, agregó.
“Más que nunca es necesaria una política pública integral de acceso a la vivienda, que regule el mercado, con precios máximos para los alquileres y créditos al alcance de todos para quienes quieran acceder a la vivienda propia”, sostuvo Artola.
“El derecho a la vivienda tiene que ser una prioridad en la agenda pública de nuestro tiempo”, concluyó el referente local.
