Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe rechazó el veto con texto alternativo del Poder Ejecutivo a una ley que reconocía la situación de docentes y asistentes escolares reemplazantes que se quedaron sin ingresos desde la pandemia y lo giró al Senado que tendrá la palabra final. Con ello, hasta la propia bancada justicialista sumó su objeción a la observación del gobernador.
El Poder Ejecutivo vetó la ley 13992 sancionada a fines de agosto, norma que dispuso el pago de una asignación a docentes y asistentes escolares que habitualmente realizan reemplazos y que en función del Covid 19 se quedaron sin ingresos. La Legislatura entendió que el monto y el universo del beneficio serán definidos por las mesas paritarias de los sectores.
Se trata de seis artículos vetados por el Ejecutivo que además dejó fuera del sistema a los asistentes escolares.
En cambio, la Casa Gris ofrece un texto alternativo y propone que se faculte al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Desarrollo Social “con carácter de ayuda social compensatoria, disponga el pago de una suma de dinero de carácter excepcional a los docentes inscriptos y escalafonados como aspirantes a suplencias con carácter de reemplazante en los establecimientos de gestión oficial del sistema educativo provincial que, encontrándose en derecho de turno y sin que mediare impedimento para su aceptación no hayan tenido ofrecimientos y asignación de suplencias para desempeñar funciones en lugar de un titular, de un interino o de otro reemplazante; como consecuencia de la entrada en vigencia” de la pandemia.
El autor del proyecto que dio origen a la ley, el radical Juan Cruz Cándido y la ex ministra de Educación, la socialista Claudia Balagué se encargaron de ratificar la postura parlamentaria. Ya sobre el final, Leandro Busatto (PJ) dijo que el objetivo de su bancada es buscar consensos “para unir, no para desunir”.
