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El Gobierno reglamentó la ley de Góndolas y se vienen profundos cambios en la oferta de productos

 


El presidente Alberto Fernández firmó la reglamentación de la Ley de Góndolas el viernes pasado. De esta manera, entró en vigencia la norma sancionada por el Congreso Nacional que promueve la oferta de una mayor cantidad de marcas en los supermercados con el objetivo bajar los precios de los productos. 

En los últimos 12 meses, el alza en los precios fue de 37,2%, registrándose por ahora una baja respecto a lo que fue el 2019, año en que la inflación fue mayor al 50%. 

La ley se promulgó en los últimos días de marzo a través del Decreto 268/2020, tras haber sido sancionada por el Congreso en la última sesión extraordinaria de febrero, y había quedado pendiente de reglamentación para su entrada en vigencia. 

La norma tiene por objetivo contribuir a que el precio de los productos alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza del hogar "sea transparente y competitivo, en beneficio de los consumidores". Asimismo, apunta a "evitar que realicen prácticas comerciales que perjudiquen o impliquen un riesgo para la competencia u ocasionen distorsiones en el mercado". 

La ley establece que los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola y que de un producto, por ejemplo, de fideos o galletitas, debe haber 5 marcas diferentes, como mínimo. 

El 25% de los productos deben ser de las Pymes, cooperativas o mutuales y el 5% de los productos deben ser de empresas de agricultura familiar, campesina o indígena o de la economía popular. 

Los productos de menor precio deben estar en el sector medio de la góndola y en la primera página del sitio web donde se muestren los productos; mientras que en la isla de exhibición y en los exhibidores que están pegados a la caja donde se cobra, el 50% del espacio debe estar ocupado por productos de micro y pequeñas empresas nacionales, de cooperativas y de mutuales. 

Además, la ley indica los supermercados deberán contemplar distintos plazos y condiciones de contratación a los distintos proveedores según sean pymes o sectores de la economía popular, y no podrán exigir aportes o adelantos financieros a los proveedores ni imponerles la entrega de mercadería gratuita o por debajo del costo de provisión como condición para exhibir los productos.


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