Por la pandemia de Coronavirus, las empresas de telecomunicaciones ajustaron sus planes una sola vez este año, entre enero y marzo, en el orden del 20%. Luego pretendieron subir otro 10% o 15%, según las compañías en septiembre, pero llegó el DNU 690 del Gobierno que congeló las tarifas hasta diciembre.
Además, el decreto definió a las telecomunicaciones como un “servicio público esencial”, lo que significó que ya no podrán retocar las tarifas a su criterio, sino que necesitan la autorización oficial.
Así las cosas, es el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el encargado de fijar un tope de aumentos y acordar con las telefónicas las subas a lo largo de un año.
Ante el vencimiento del DNU, el Ejecutivo nacional ya avisó que descongelará las tarifas desde enero, y las empresas rápidamente comenzaron a acercar sus propuestas.
Según trascendió 4 compañías, Personal, Fibertel, Cablevisión y Telecentro, que tienen planeado ajustar entre un 20% y 20,9% todos sus planes.
Si se llama a los servicios de atención al cliente de esas empresas, ya les informan a los usuarios los nuevos montos estipulados para enero.
No obstante, voceros de la Enacom aclararon que todavía no fue resuelto ningún monto de incremento a partir de enero y avisaron que tampoco darán vía libre para autorizar alzas entorno al 20%.
“La reglamentación se está efectivizando en este momento. Todavía no está el monto de aumento definido. Las empresas a nosotros nos están acercando sus propuestas, y se va a poner un tope, y debajo de ese techo van a competir cada una. Ese monto, ese tope, todavía no está estipulado. Lo tendremos esta semana”, aclararon desde Enacom. Y subrayaron que: “De ninguna manera va a ser superior del 20% en todos los planes.
El aumento no lo deciden las compañías sino el Gobierno, y debajo de ese monto competirán las empresas”.
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Durante 2019, las empresas de telecomunicaciones aumentaron sus planes un 63,9%, es decir, 10 puntos por encima de la inflación general de precios, que arrojó 53,8%. Y en 2018 la situación fue similar: ajustaron un 55,3% cuando el costo de vida acumuló 47,6%, es decir, subieron 7,7 puntos porcentuales.
Frente a estos incrementos arbitrarios y muy por encima de la inflación es que la administración de Alberto Fernández resolvió este año intervenir a través del DNU 690 que declaró al sector como servicio público esencial, y fijó la intervención del Estado para determinar las alzas.
