El teniente coronel retirado Víctor Hugo Rodríguez, procesado por los asesinatos de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereira Rossi, aguarda que la Cámara de Apelaciones de Rosario decida si debe ser detenido en base a un pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Denuncian un “raid de dilaciones” que impiden la realización del juicio.
El planteo de Adolfo Villatte y Juan Patricio Murray corresponde a una audiencia que se llevó a cabo el 22 de diciembre, cuando advirtieron sobre la “ingeniería recursiva” montada por el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, para desvincular al acusado de los hechos que se le imputan.
Apodado como el “Chuly”, el militar retirado es un empresario de la seguridad, brinda charlas, es consultado por los medios de comunicación locales y preside la Asociación Cultural Sanmartiniana, con la cual organiza periódicamente un cruce a mula de los Andes para homenajear la gesta del Libertador.
En los años del terrorismo de Estado, Rodríguez ofició como jefe de la segunda sección del destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, y en la actualidad tiene permiso para salir del país.
El magistrado de San Nicolás dictó desde 2012 tres resoluciones que favorecen la situación de Rodríguez en esta causa sobre delitos de lesa humanidad.
Todas esas decisiones fueron apeladas por el MPF y las querellas, y revocadas por las distintas composiciones que tuvo la Cámara Federal de Rosario.
“Es muy difícil para nosotros entender toda la creatividad procesal que se pone en juego para impedir que se cumplan las resoluciones judiciales contra el imputado y mucho más difícil debe ser para los familiares de las víctimas que reclaman justicia desde hace años”, señaló Villatte en diálogo con Télam.
Los fiscales afirman que la orden de detención contra Rodríguez está firme desde 2013 por una resolución dictada por la Cámara.
Sin embargo, Villafuerte Ruzo se niega a ejecutar la detención de este militar retirado, hoy devenido en un empresario del rubro de seguridad, en función de recursos de quejas presentados ante Casación por la condena que recibió en 2016 el excomisario Luis Patti por los asesinatos de Cambiaso y Pereira Rossi, que aún no está firme.
Además de Patti, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario condenó al expolicía bonaerense Amadeo Spataro, al exjefe del Destacamento de Inteligencia 121 Pascual Guerrieri y Luis Américo Muñoz.
En ese fallo resultaron absueltos el último dictador Reynaldo Bignone y los exmilitares y ex personales civiles de inteligencia (PCI) Juan Cabrera, Ariel López, Walter Pagano, Rodolfo Rodríguez y Carlos Sfulcini.
No obstante, Villafuerte Ruzo interpretó que Rodríguez debía ser investigado en otro tramo de la causa, y que su situación era similar a la de los absueltos, sin tener en consideración la responsabilidad que Rodríguez ejercía como jefe de la sección segunda del destacamento 121.
En función de esas absoluciones, el magistrado federal de San Nicolás se negó en dos ocasiones a investigar a Rodríguez pero, en 2018, la Cámara Federal de Rosario consideró que debía seguir procesado.
En 2019, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, solicitó la elevación a juicio oral y público de esta causa y, hasta el momento, Villafuerte Ruzo no se expidió.
En la audiencia también se analizó la situación del exagente de inteligencia Eduardo Rubén Alcuri, imputado en la causa y que estuvo prófugo durante años, hasta que Villafuerte Ruzo lo eximió de prisión con los mismos criterios que aplicó para Rodríguez.
“Consideramos que Alcuri debe estar detenido. Hay declaraciones que lo comprometen y sin embargo nunca fue llamado a prestar declaración en esta causa por el juez”, sostuvo Murray.
Cambiaso y Pereira Rossi habían integrado en los años 70 las filas de la organización Montoneros y en 1983 se habían sumado a la agrupación Intransigencia y Liberación que lideraba el dirigente Vicente Leónidas Saadi.
El 14 de mayo, ambos se encontraban en el bar Magnun de Rosario, donde fueron secuestrados por un grupo que integraban los policías bonaerenses Patti, Spataro y Rodolfo Diéguez. Tres días más tarde, los cuerpos de los militantes fueron hallados baleados y con signos de torturas en un descampado de Zárate.
La versión policial fue que las muertes habían sido producto de “un enfrentamiento”, algo que no impidió la detención de los uniformados por el crimen y que conmocionó a la opinión pública cuando la dictadura militar se encontraba en retirada.
No obstante, en noviembre de 1983 los acusados quedaron absueltos por los jueces de la dictadura y el caso recién se reactivó en 2004, tras la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, por iniciativa de las querella y el fiscal Murray.
La investigación se amplió más allá de la responsabilidad de los policías y abarcó el rol que tuvieron en el hecho los integrantes de la inteligencia del Ejército con estos asesinatos.
En 2016, el Tribunal Oral Federal 2 de Rosario emitió una sentencia que no alcanzó a Rodríguez y Alcuri, que aún siguen imputados, una situación sobre la cual la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario deberá expedirse.
