Con la lectura del veredicto del Consejo General de Guerra, quedaron determinadas las responsabilidades militares en la tragedia del ARA San Juan, que en noviembre de 2017 provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
El entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Eduardo Srur, fue sancionado con 45 días de “arresto riguroso”, y el capitán de navío Claudio Villamide fue destituido.
El Consejo de Guerra también dispuso una sanción de 60 días de “arresto riguroso” para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo. Ordenó además arrestos rigurosos de 30 días para el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa.
Los demás militares sometidos a este proceso no fueron finalmente sancionados. La decisión se conoció hoy al mediodía en el edificio Libertador, sede del Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Defensa, luego de cuatro meses de audiencias realizadas con carácter confidencial, por los datos sensibles de estrategias militares que podrían filtrarse, como la misión del submarino.
Integraron el tribunal el viceministro de Defensa, Sergio Rossi (primo del ministro Agustín Rossi), el jefe del EMC, general de división Juan Martín Paleo, y el subjefe, brigadier Pedro Girardi.
En el momento de la tragedia, Villamide era comandante de la Fuerza de Submarinos, con sede en Mar del Plata, y López Mazzeo era comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y su puesto de comando estaba en la Base Naval de Puerto Belgrano. Oscar Aguad, Mauricio Macri y Marcelo Srur Oscar Aguad, Mauricio Macri y Marcelo Srur Archivo Las sanciones disciplinarias impuestas pasan a ser ejecutivas a partir de las 8 de mañana.
La destitución implica la baja del militar en actividad sancionado. El “arresto riguroso”, que pesará sobre Srur, está en el artículo 18 de la Ley 26.349 (Justicia Militar).
“El arresto riguroso significa el internamiento del causante en el buque o unidad que se determine. El militar sancionado no participará en las actividades de la unidad durante el tiempo que dure el arresto, con relevo del mando y del servicio pertinente”, dice la normativa.
