Mientras el Concejo Municipal de Rosario recibió un informe requerido a la Municipalidad, la Fiscalía lo solicitó y avanza en una causa por lavado de activos. Los funcionarios comparten información sobre las licencias de taxis del entorno de Andrés "Pillín" Bracamonte para "pasar del Estado bobo al inteligente, que trabaja de manera coordinada".
Así lo planteó el edil Roy López Molina (Cambiemos), presidente de la Comisión de Control Convivencia y Seguridad Ciudadana, tras la confirmación de que el presunto jefe barra, imputado, gestiona al menos seis chapas a través de terceros.
"Lo que sucedió con este tema de las licencias de taxis es un ejemplo: el Concejo solicitó una información, el Ejecutivo municipal la suministró y ahora un fiscal será quien deberá profundizar para desentrañar con qué dinero se compraron esas chapas y si esos fondos tienen un origen lícito", explicó.
Esta semana, el cuerpo respondió a un oficio del fiscal Miguel Moreno, coordinador de las investigaciones de Delitos Económicos en la Agencia de Criminalidad Organizada, que había sido dirigido a la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, por un informe del Departamento Ejecutivo.
"En medio de un allanamiento, un abogado defensor dijo que el dinero hallado era producto de la explotación de un servicio público, lo cual nos llevó a realizar el pedido de informes. Dejarla pasar era mirar para otro lado y nosotros tenemos el compromiso de poner en agenda las verdaderas preocupaciones de la gente", recordó López Molina sobre el inicio, y en referencia a los dos millones y medio de pesos y 1.700 dólares encontrados.
"El delito y la criminalidad avanzan y exceden la competencia provincial y federal. Lo estamos viendo en este caso, donde una investigación sobre delitos complejos tiene su derivación en un servicio público. Sin dudas, en materia de inseguridad y criminalidad organizada, el municipio también tiene mucho para decir", remarcó.
En ese sentido, el vicepresidente del Concejo y titular del bloque Cambiemos destacó que "es clave el trabajo coordinado entre los diferentes estamentos del Estado para terminar con la criminalidad organizada".
Además, consultado por los medios analizó que "es muy importante empezar a pensar qué pasó en Rosario para que un servicio público, como lo es en este caso el de los taxis, esté administrado por entornos de barrabravas. Es un muy mal mensaje el que se está dando a la sociedad".
Tras este caso y por iniciativa del propio Roy López Molina, en un proyecto aprobado por todas las fuerzas del Concejo Municipal, los procesados o condenados por delitos como lavado, tráfico y contrabando de armas y drogas, corrupción y la pertenencia a una asociación ilícita no podrán administrar o transferir licencias de taxis y remises.
